SAN ANDRÉS TUXTLA (México).- Un proyecto minero
vinculado con la ampliación del Puerto de Veracruz, este de México, pone
en grave riesgo la mayor reserva selvática de América del Norte, de donde se extraerían dos millones de metros cúbicos de piedra basáltica.
Organismos civiles y la comunidad científica, en especial de la Universidad Nacional Autónoma de México, advierten del peligro que entraña el proyecto en uno de los municipios que abarca la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, que además afronta problemas de caza furtiva y robo de especies salvajes para su comercialización ilegal.
Sin embargo, para organizaciones ambientalistas, la extracción del
basalto "alterará irreversiblemente la topografía, la vegetación y los
servicios ecosistémicos del área".
La zona que se quiere explotar pertenece al poblado de Balzapote en
el municipio de San Andrés Tuxtla, uno de los ocho que están inmersos en
las más de 155.000 hectáreas de la Reserva, declarada en 1998 área
natural protegida.
Pobladores de la zona y sociedad civil reúnen firmas a través de
internet para hacer un llamamiento colectivo de alerta contra la
extracción de piedra, que requiere dinamitar una cordillera natural que
además de proteger la zona de fenómenos meteorológicos es el hogar de
gran variedad de especies animales y vegetales.
"Nos oponemos porque esta cordillera es una reserva de la biosfera,
donde hay una muestra de la biodiversidad de (la región de) Los Tuxtlas
que incluye monos, tigrillos, tucanes y demás flora y fauna. Y no
queremos que se destruya", dijo Ausencio, habitante de Balzapote,
localidad con una población aproximada de apenas medio millar de
personas.
En unas declaraciones a Efe, el director de la Oficina Golfo del
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Xavier Martínez, señaló
que "la autorización de dinamitar recursos naturales en área protegida
afecta los estándares de protección ya adquiridos, además de que viola
el compromiso internacional de México de conservar la biodiversidad y
los humedales en su territorio".
En un recorrido por la zona, de difícil acceso para el turismo pero
que tuvo proyección mundial cuando el cineasta Mel Gibson la utilizó en
la escena de la llegada de los españoles en su película "Apocalypto",
Efe constató que existen intereses confrontados entre los propios
habitantes.
Frente a quienes se oponen al proyecto minero, algunas familias, que
piden permanecer en el anonimato, buscan mejorar su situación económica y
están dispuestas incluso a vender los terrenos que se necesitan para
extraer la piedra basáltica.
Sin embargo, para organizaciones ambientalistas, la extracción del
basalto "alterará irreversiblemente la topografía, la vegetación y los
servicios ecosistémicos del área".
El proyecto amenaza a más de 565 especies de aves, 140 de mamíferos,
117 de reptiles y unas 100 especies de mariposas que habitan el lugar,
explicó a Efe Lili Rosas, portavoz del Colectivo la Roca, conformado por
diversas agrupaciones civiles de la región.
"El que se lleven la piedra provocará daños y repercusiones, pues
estos bancos de basalto sirven como muros de contención para huracanes y
tormentas tropicales, y al quitarlos hay posibilidad de que (los
fenómenos meteorológicos) entren a la reserva y afecten al ecosistema",
argumentó.
La Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) solicitó en
enero pasado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) del Gobierno federal el permiso para explotar "de manera
sustentable" el banco de roca basáltica en Balzapote.
A través del Manifiesto de Impacto Ambiental, la Apiver indicó que de
ser aprobado el proyecto se encargaría de extraer, procesar, almacenar y
transportar piedra basáltica y usarla como materia prima para la
construcción de la ampliación portuaria, que estará localizada entre
Bahía Vergara y Punta Gorda.
En julio pasado la Semarnat dio la autorización para la extracción,
con algunas recomendaciones puntuales orientadas a evitar daños a la
zona. Efe solicitó comentarios al respecto a dicha institución, pero no
obtuvo respuesta.
Este proyecto forma parte de una agenda gubernamental que busca un
mayor movimiento de carga y descarga de mercancía y cuya inversión es de
unos 60.000 millones de pesos (4.573 millones de dólares) en 13 años
con la promesa de generar 140.000 empleos.
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